Acusa al Gobierno Estatal de ordenar estas medidas para afectar su campaña y reconoce que también dañan a inversionistas y empresarios.
Debido a que la inequidad de la contienda electoral vigente en Monterrey ha llegado a niveles nunca antes vistos, el candidato a la Alcaldía regiomontana de la alianza “Fuerza y corazón por Nuevo León”, Adrián de la Garza Santos, hizo una denuncia pública sobre el acoso que sufre en este proceso.
En esta ocasión, se refiere al retiro de su propaganda de dos edificios en la zona sur de la ciudad, se trata de las Torres: Cibeles en Lázaro Cárdenas y Shiro, en Garza Sada.
“Es mi deber denunciar públicamente para darle voz no solo a las víctimas de estos excesos que suceden con motivo de las campañas electorales, sino a cientos de empresarios que son víctimas de las extorsiones y abusos del gobierno naranja que no hace más que operar como una mafia para lograr sus objetivos.
“La publicidad ha sido retirada, y esto es debido a que el Gobernador Samuel García ordenó la clausura de la empresa propietaria de éste y otros edificios donde se encontraba esta publicidad de mi campaña”, explicó Adrián de la Garza.
Recordó que se ha dedicado a generar propuestas y ha buscado hacer un proselitismo propositivo, pero aclara que no puede quedar ajeno a las calumnias que levantan en su contra, pero esta vez, las acciones no sólo lo afectan a él, sino a empresarios honestos.
Recordó que ya ha informado y los medios de comunicación consignaron que se utilizan recursos públicos del Estado para promover a los candidatos del partido Movimiento Ciudadano, además de que le han retirado mantas, pintado las bardas con su publicidad y su gente ha sido víctima de amenazas.
“Mi campaña, como lo hace cualquier candidatura, contrató espacios publicitarios entre los que se encuentran dos muros panorámicos ubicados en los edificios Torre Cibeles y Torre Shiro; estos espacios son administrados por una empresa de publicidad y están legalmente registrados ante el INE. Contamos con los contratos correspondientes”, detalló.
Reconoció que con la clausura de los inmuebles se afecta a las personas que generan empleos e invierten en esta capital.
Ofreció que en su administración estas acciones no pasarán, no habrá extorsiones chantajes ni dinero ilegal.
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